Los "golazos" que ha buscado meter el Gobierno para materializar la agenda de Seguridad del Estado en medio de la pandemia
La crisis de salud por el coronavirus no ha sido razón para que el Presidente de la República ponga freno a la agenda en materia de seguridad y control social desplegada tras la revuelta de octubre, todo lo contrario. Tanto así, que en plena pandemia de COVID-19 y bajo Estado de Excepción Constitucional, se ha dado urgencia a proyectos como la Ley de Inteligencia, con mayor participación de las Fuerzas Armadas; se han adjudicado licitaciones para tecnología de reconocimiento facial; se ha buscado dotar de mayores atribuciones a la seguridad municipal, algunas de ellas inconstitucionales, como el control de identidad; y se ha sumado un reciente despliegue militar en La Araucanía y la Región del Biobío. Estas iniciativas -según diversos especialistas- atentan contra los movimientos sociales organizados, siendo uno de sus propósitos el control de la protesta social. Todo esto para aumentar la percepción ciudadana respecto a "que para hacer frente a la crisis, se necesita de más autoridad y menos democracia".
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